Venezuela: entre la guerra comunicacional y el poder popular de las comunicaciones




Marayira Chirinos
Politóloga y comunicadora de
TeleSUR y Radio del Sur
@marayirateleSUR


Hablar de propiedad de medios de comunicación y guerra comunicacional en Venezuela es meterse en terreno variopinto, en multiplicidad de matices, donde las aclaratorias y análisis debemos aprovechar al máximo para blindarnos del vicio ya casi común que tanto denunciaba Malcom X: “Terminar amando al opresor y odiando al oprimido”.

Venezuela ha sido uno de los países que mayor visibilidad ha tratado de dar al oprimido, a través de la herramienta de la comunicación popular, alternativa y comunitaria, de hecho fue el país que más potenció en la región un nuevo concepto comunicacional donde justamente esos medios “minoritarios” cobraban una fuerza  y un poder influyente jamás visto en los países del área.  Se convirtió en  referencia para otros que, con sus particularidades, siguieron el modelo comunitario popular venezolano.  

Eso pareciera estar en riesgo, la Asamblea Nacional de Venezuela,  de mayoría opositora, pretende reformar la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para, entre otras cosas, privatizar el espectro radioeléctrico, bien del dominio público, para cuyo uso y explotación se debe contar con la respectiva concesión de uso asociada a una habilitación administrativa, la cual es otorgada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Venezuela ha sido uno de los países que mayor visibilidad ha tratado de dar al oprimido, a través de la herramienta de la comunicación popular, alternativa y comunitaria

El espectro radioeléctrico se divide en bandas de frecuencias que se designan por números enteros, en orden creciente. Las bandas de frecuencias constituyen el agrupamiento o conjunto de ondas radioeléctricas con límite superior e inferior, definidos convencionalmente, las que igualmente podrán estar divididas en subbandas.

A partir de esos datos resulta muy necesario iniciar nuestra explicación de lo que pasa en Venezuela en términos de distribución de esas concesiones del espectro y cómo esto explica la existencia de una guerra comunicacional en el país.  Abordaremos todas las aristas de este tema, desde lo formal e institucional hasta lo analítico. Para ello sostuvimos una entrevista con la máxima autoridad de CONATEL,  institución pública que desarrolla políticas para contribuir a la transformación permanente de la sociedad a fin de alcanzar los ideales consagrados en la Constitución.

Andrés Eloy Méndez, politólogo con maestría en gerencia, con amplia trayectoria política en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) nos atendió desde Caracas.

Sr. Méndez, se habla con insistencia de que el país está siendo afectado por una guerra comunicacional,  ¿cuál es el rol que le ha tocado jugar a CONATEL en la contienda?

Venezuela ha sido un país que en los últimos años ha estado sometido a una alteración de los roles de los sujetos o agentes de la sociedad venezolana, es decir, algunos actores se han perdido de sus roles convencionales. Los medios de comunicación, fundamentalmente de televisión y radio, tuvieron una participación con mucha intensidad en los años 2001, 2002 y 2003, y luego con cierta  variabilidad en el  resto de los años, en cuanto al trastorno de sus roles.

Todo debe estar contenido en el marco de la ley: no se les permite instigar al odio, a la guerra, hacer apología de la violencia, deben además respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes en sus horarios.

El Estado tiene la facultad de asignar a los medios una habilitación para utilizar el espectro radioeléctrico en el marco de la ley,  es decir,  determina la banda con las  características técnicas telemáticas y de telecomunicaciones para informar a través de ese servicio. Todo debe estar contenido en el marco de la ley: no se les permite instigar al odio, a la guerra, hacer apología de la violencia, deben además respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes en sus horarios. Durante los años antes mencionados notamos como fue el rol de algunos medios privados y vemos con preocupación que algunos tratan de retornar a eso en tiempos recientes. Es lo que califico como un trastorno de la conducta de los dueños o de quienes dirigen algunos medios de comunicación privados.

Pero, ¿ha logrado CONATEL socializar el uso y aplicación de las telecomunicaciones y democratizar su acceso?

Sí, porque hemos hecho cumplir la sana administración y utilización del espectro radioeléctrico como un bien de la nación. Así como los yacimientos petroleros son propiedad del conjunto de los venezolanos, el espectro radioeléctrico, en todas sus bandas y formas de uso por fibra óptica, por las ondas electromagnéticas o por cualquier otro medio inventado o por inventar, es también propiedad de todos los venezolanos y desde CONATEL estamos en la obligación de administrarlo de la mejor forma, como buen padre de familia,  atendiendo a su verdadero dueño que es el pueblo organizado.

"Debemos velar siempre por la socialización del espectro, apuntando a un tercio de la utilización del mismo, para poder colocarlo en manos de los usuarios que son la auténtica y geniuda voz popular".

Debemos hacer escuchar la genuina voz de este pueblo, socializando el espectro radioeléctrico, permitiendo que su primera forma de expresión organizada la constituyan sus organizaciones, sus medios, romper con ese esquema de que los grandes medios no pueden ser de las mayorías. Debemos velar siempre por la socialización del espectro, apuntando a un tercio de la utilización del mismo, para poder colocarlo en manos de los usuarios que son la auténtica y geniuda voz popular.

¿Qué hacer frente al riesgo que corren los medios alternativos con el proyecto de ley, impulsado por la derecha, que procura privatizar el espectro radioeléctrico?

La reforma de ley que lleva adelante el Sr. Guanipa (actual diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y Secretario General del partido opositor Primero Justicia) está, sin duda, a tono con las apetencias de las oligarquías venezolanas, que dirigieron durante más de cien años –desde que se utilizó el primer telégrafo hasta la última concesión de la extinta IV República en 1998–, cuando el Estado se arrodillaba ante los concesionarios. En ese entonces el Estado no ejercía el control del espectro radioeléctrico como manda la Constitución y la ley, por el contrario, los habilitados, los concesionarios, los privados, se repartían el espectro sin ninguna participación del pueblo venezolano. Entonces, hoy día el Sr. Guanipa y sus complotados pretenden volver a ese pasado, entregando todo el espectro radioeléctrico a la oligarquía, presumimos que como una especie de pago de favores.

Esta ley que propone Guanipa tiene dos puntos que son absolutamente vergonzosos: El  primero, en su artículo número 1, pretende cambiar el espíritu de interés público que tiene el uso del espectro radioeléctrico para convertirlo en interés general. Aquí hay que detenerse en las diferencias cuando se declara a un bien de interés público o de interés general. Cuando es de interés público debe estar dirigido por políticas públicas definidas por un Estado en garantía y protección de ese servicio. Cuando  es de  interés general,  el Estado pierde la tutela, es decir que puede entregar y privatizar el servicio de las comunicaciones. No hay país en el mundo que no controle con políticas públicas de interés público su espectro radioeléctrico; hay que ser demasiado entreguista, vergonzosamente entreguista,  para pretender  eliminar el interés público.

"Aclaro una vez más que el espectro no le pertenece a ellos, ni siquiera al Estado, éste lo administra como buen padre de familia porque es un bien de la nación".

El segundo punto  vergonzante de esta ley que propone reformar la oposición venezolana, es la temporalidad de las concesiones y la forma para renovarlas. Lo sano es que el Estado mediante las leyes, la Constitución y sus comités de usuarios  valore el uso y concesiones que se le está dando a los privados.  Y debe hacerlo porque pertenece a la nación; cada cierto tiempo el Estado debe tener la oportunidad de refrendar o no una extensión o renovación de una concesión. Por su parte, Guanipa y su combo plantean que las concesiones sean de 20 años,  es decir, que pasen cuatro gobiernos y los privados sigan reinando sin que nadie los evalúe, pero, además, que su renovación no pase por el control estatal sino que sea el privado quien, luego de veinte años, tenga la posibilidad de decidir motu propio si quiere o no renovar y, por supuesto, que el Estado esté en la obligación de aprobarle automáticamente. Aclaro una vez más que el espectro no le pertenece a ellos, ni siquiera al Estado, éste lo administra como buen padre de familia porque es un bien de la nación.

Lo anterior aparentemente está enmarcado en el caso emblemático de la no renovación de concesión a RCTV, ¿cree se esté intentando otorgar nuevas concesiones a aquella televisora? ¿Desean reabrir el canal? ¿Es eso posible?

Claro que ocurre por esa intención de reabrirlo; precisamente, a raíz del tema de RCTV, lograron posicionar una matriz de estilo “goebbeliana”, repitiendo mil veces una mentira, diciendo que se había cerrado un canal y se había quitado una concesión y no que se le venció la misma hacía varias décadas. Nunca aclararon a la opinión pública que al momento de expirar una concesión el Estado está en la obligación tutelar y revisar cómo ese operario utilizó esa concesión. Te pongo un ejemplo, si el Estado te otorga una licencia para utilizar un arma de fuego y  la manejas mal, asesinas a alguien, violas la ley, ¿el Estado debe renovarte de nuevo? Creo que debe preservar ante todo el interés colectivo y de la nación.

"No. No existe un equilibrio. Los medios privados tienen casi el 70% del espectro radioeléctrico y poco más del 30%  está en manos de medios públicos y comunitarios".

RCTV se utilizó para tumbar un gobierno y hacer apología al delito y a las narco novelas, ¿por qué debiera renovársele al Sr. Marcel Granier?; figura que aparecía al frente de  la gerencia de ese canal.  Pero, el país creyó que se le había cerrado y no que se le había vencido la concesión

¿Pueden volver a hacerse de su antigua concesión?

Ellos pretenden sobre esa matriz falsa que impusieron tratar de renovar la concesión de RCTV. Incluyen en la reforma de la ley que si sobre la concesión que se haya revertido o extinguido no hay un sentencia de juicio firme hay que volvérsela a entregar, es decir, pretenden beneficiar a Granier para que arranque nuevamente a conspirar, desestabilizar, para que aliente el proceso de violencia y pornografía en ese canal. Por supuesto que esto no puede suceder, la Venezuela que vivimos y que estuvo muy marcada por la violencia promovida desde la tv y la radio no debe volver.

¿Existe un equilibrio entre medios públicos y privados?  ¿Cómo está distribuida esa torta en Venezuela?

No. No existe un equilibrio. Los medios privados tienen casi el 70% del espectro radioeléctrico y poco más del 30%  está en manos de medios públicos y comunitarios. Es importante destacar que los privados también tienen los mayores rating porque la frecuencia que mejor se escucha, los espacio del espectro que mejor se oyen, los que tienen una superior ubicación en el espectro radioeléctrico están en manos de los privados.  Aclaro entonces que no solo tienen mayor cantidad sino mayor calidad. Por esa razón estamos en el deber y la obligación de democratizar el espectro radioeléctrico, es un compromiso y una instrucción del comandante Maduro. Tanto es así que a fines del mes pasado hemos entregado habilitaciones a 26 emisoras más de radio y televisión comunitarias.

En otro orden de cosas, también en el ámbito de las comunicaciones, se ha dicho que escasea el papel para los medios impresos, ¿cuán cierto es eso?

Todos hemos visto como el ciclo logístico de abastecimiento en nuestros proveedores se ha visto trastocado por varios factores como el cerco financiero. Los proveedores cuando piden una carta de crédito a cualquier banco del mundo para traer a Venezuela se la niegan, y, además, tampoco permiten los pagos desde Venezuela, violando con eso principios internacionales, pero lo hacen de manera encubierta para bloquearnos; a lo anterior hay que añadir que cualquier deuda que provenga de Venezuela tiene la peor calificación del mundo. Hay una guerra financiera profunda y lógicamente afecta los ciclos de abastecimiento de rubros básicos como harina de maíz o el arroz, y también el papel.

"Es importante entonces dejar claro que en el marco de la escasez se les ha distribuido papel a los medios de comunicación de oposición, nacionales y regionales, lo que es una demostración de autenticidad democrática".

A través de la fundación Alfredo Maneiro se han hecho esfuerzos extraordinarios  por centralizar la importación y distribuir el papel. Dejo bien claro que los diarios más acérrimos contra el gobierno salen con ese papel, que se está distribuyendo desde el Estado y salen porque tienen papel, aunque tengan meses diciendo que van a dejar de salir. Quizás no tengan un stock de seis meses pero sí se les surte de materia prima. Es importante entonces dejar claro que en el marco de la escasez se les ha distribuido papel a los medios de comunicación de oposición, nacionales y regionales, lo que es una demostración de autenticidad democrática.

¿Cómo garantizar  un verdadero pluralismo  mediático y libertad de expresión?

La libertad de expresión es una de las  categorías jurídicas y humanas que más manipula la derecha internacional como un arma de doble filo, para tenerla como una espada de Damocles contra los sistemas políticos libertarios que creen en el progresismo, en la izquierda y en los pueblos, por eso lo primero que tratan de criticar y montar como comedia tragicómica es el tema de la libertad de expresión. En Venezuela no está en peligro la libertad de expresión, menos la de los poderosos de la oligarquía y los grandes medios. A veces se pone en peligro la libertad de expresión del pueblo chavista –como ocurrió en 2002–.

"Nosotros estamos obligados a que lo que se expresa a través de los medios de comunicación debe tener como contracara la responsabilidad de quien lo expresó".

En nuestro país lo que está en observación es la libertad de agresión a través de la expresión sin responsabilidad ulterior,  y eso viola el Pacto de San José de Costa Rica del cual somos signatarios. Nosotros estamos obligados a que lo que se expresa a través de los medios de comunicación debe tener como contracara la responsabilidad de quien lo expresó porque no puedes tener la libertad de agresión desde la expresión, la libertad  de expresión no es un derecho absoluto, omnímodo,  tiene como frontera los derechos de los demás a estar bien informados, a su dignidad, a no vilipendiar, entre otros derechos que debemos garantizar como equilibrio de la democracia. Lo decía Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz de todos”.

Martes 31 de Enero de 2017